lunes, 30 de junio de 2025

Al menos, minimizar los daños.


 

Decía ayer que expondría la única salida posible a la situación de la educación en España, advirtiendo que la verdadera solución no es factible, porque en realidad a quienes manejan los hilos de todo esto no les interesa que las cosas cambien de verdad, pues iría en contra de sus mezquinos y ocultos intereses.

Para ello el primer escollo con el que tropezamos es la politización extrema del sistema educativo. Nos quieren hacer creer que el gran problema se reduce al eslogan “por una educación pública y de calidad”, frente a la privada y sobre todo la concertada, que nos la presentan como una especie de enemigo a batir.

Ese no es el problema de la educación en España. Eso es una cuestión puramente política, de choque de ideologías y poco o nada tiene que ver con los verdaderos problemas. Cualquier centro, público, concertado o privado tienen que afrontar las mismas cuestiones en cuanto a docencia y disciplina se refiere. Solo los privados no concertados pueden escapar parcialmente de algunos de ellos; pero son minoría.

Otro tropezón nos lo daremos con lo que llaman evidencia científica. Es la otra gran mentira. La pedagogía no es una ciencia, es sobre todo ideología aplicada a la educación. No puede hablar de evidencias científicas por muchos nombrecitos en inglés, siglas, acrónimos y supuestas investigaciones en las que se ampare. En nombre de estas evidencias se están haciendo multitud de disparates desde hace mucho tiempo, cuyas consecuencias sufren, indefensos, colegios e institutos.

La combinación de estas dos cuestiones, encabezadas por políticos y universidades respectivamente, sustenta esa administración que ha sumido a la educación en el pozo en el que se encuentra. Falta solo para completar el panorama, la sociedad, cuya deriva a la sobreprotección y a la disolución de toda autoridad, complica más y más el día a día en el aula.

Ante todo esto, ¿ qué hacer ?

El objetivo debe ser, pese a las dificultades, hacerlo lo mejor posible con los niños y adolescentes. Por ellos y por el propio docente. ¿Pero cómo? Voy a ser muy claro.

Blindándonos ante la administración y los padres. Y eso es función de los equipos directivos. Proteger al profesorado de todo lo que llegue de las autoridades educativas que no sirva para nada, cubriendo el expediente y punto, evitando la pérdida de tiempo que para el docente suponen los registros inútiles, los cursillos innecesarios y demás zarandajas.

Y ante los padres, hacer valer la autoridad y la profesionalidad de maestros y profesores. Y cuando surja el conflicto, inevitable en todo proceso educativo, analizar en el propio centro la actuación del docente, y en el caso de que sea correcta, si no hay protección por parte de la administración, no temer la vía judicial, porque el maestro, el profe, también tiene sus derechos, como cualquier ciudadano.

Tengo claro que los equipos directivos deberían aplicar estas actuaciones, siempre difíciles, más difíciles aún en los centros concertados que en los públicos, por el bien de los alumnos primero, y de los docentes después.

Siendo realista no creo que se pueda hacer mucho más. No resolveremos el problema, pero minimizamos algo los daños que el sistema educativo está causando en todos los que viven en él y de él. Y en la sociedad.

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