Legislación obsoleta.

El tema de los incendios forestales tiene muchas vertientes, y solo la implicación de todas ellas, de manera coordinada y eficaz, puede ayudarnos a reducirlos. Hoy, a propósito del reciente incendio de El Saler, quiero hablar de una de esas vertientes: la judicial.

Estoy convencido de que la legislación al respecto está obsoleta. Como los jueces deben ceñirse a ella, el resultado es que, por mucho que la Guardia Civil se esfuerce —y pienso que lo hace— en determinar el origen del fuego, las consecuencias para el responsable resultan insuficientes. Esto ocurre incluso cuando se demuestra que el incendio fue intencionado y se consigue detener a su autor, especialmente si comparamos la pena con el daño causado.

Decía un periodista, hablando del autor del gravísimo incendio de Riglos de este mes de agosto, que a quien lo inició podían caerle hasta seis años de cárcel. ¿Hasta seis años? Como si eso fuera mucho. La legislación actual puede imponer hasta veinte si el incendio pone en peligro vidas humanas. Y aunque no las ponga, diría yo. Eso sería más proporcionado. Además habría que añadir la obligación de asumir los costes de extinción y de posterior restauración, lo que hipotecaría para siempre la vida del delincuente.

En el momento en que vivimos, con el cambio climático en marcha, las consecuencias de los incendios son de extrema gravedad. El daño humano y medioambiental resulta difícil de calcular, de hecho es incalculable, y las posibilidades de reparar los ecosistemas afectados son cada vez menores. A ello se añaden las ingentes cantidades de dinero que cuesta extinguir los incendios y restaurar las zonas quemadas.

Si nuestros representantes políticos se tomaran verdaderamente en serio la protección del medioambiente y de la naturaleza, esta situación cambiaría por completo. Las penas por los incendios forestales, y mucho más si son intencionados, deberían ser pues mucho más severas, especialmente cuando el fuego ponga en peligro vidas humanas, afecte a espacios protegidos o cause daños ecológicos irreversibles.

Ya sé que el endurecimiento de las penas no resolvería por sí solo el problema, pero podría ser un elemento más. Como se dice en valenciano, tota pedra fa paret.

Sin embargo, temo que esto no ocurra. Ni los responsables políticos ni la ciudadanía, por mucho que a veces parezca lo contrario, nos tomamos suficientemente en serio eso que el papa Francisco denominó la «casa común». Y es la única que tenemos.