 |
Es un tema de conversación recurrente en muchas
sobremesas, tertulias, cervecitas o cafetitos. Y es un tema que a mí me
desagrada mucho porque me irrita hasta el punto de ponerme de mal humor, más
claro, de mala leche. Y eso no me gusta.
Hablo de la “pequeña delincuencia”, esa delincuencia conocida,
repetida, consentida, e incluso estimulada por ciertas leyes y el modo de
aplicarlas. El abrirte el coche, entrar en casa y robar cuatro tonterías,
llevarse los melones de la huerta, quitarle a la abuelita el bolso…
Muy a menudo, el ciudadano de a pie se siente
indefenso e impotente ante este tipo de delincuencia. Tendrá más faena el
policía o el guardia civil que haya
detenido al individuo en cuestión, que éste que sabe bien que pronto estará
sueltecito otra vez para seguir con “su trabajo”. Por no hablar de los casos
que, por reincidencia o gravedad, entran en un proceso más serio pero que acaba
ahogado en un mar de papeleos, dilatándose en el tiempo hasta el aburrimiento y
el olvido.
Y esto es malo, muy malo, porque provocará, más tarde
o más pronto, una deriva hacia posturas radicales de gente, de buena gente, que
está ya hasta las narices de estas situaciones. Y esa deriva hay que evitarla.
¿Cómo? Creando una sociedad lo más justa e
igualitaria posible, dando prioridad en el gasto social a la educación,
luchando tenazmente contra el paro, adoptando políticas de prevención de
conductas antisociales…En suma, erradicando las causas que puedan llevar a una
persona a ese tipo de comportamientos.
Pero por otro lado, porque como dice el refrán, lo
cortés no quita lo valiente, actuando con contundencia cuando esas conductas
aparezcan, para evitar que el delincuente novel se instale en la delincuencia
al comprobar que, después de todo, no pasa nada, y también para proteger a la
víctima, que tiene todo el derecho del mundo a ser protegida.
Y esto nos lleva a un planteamiento que ninguna
autoridad debería olvidar, por el bien de todos. El ciudadano renuncia a
defender personalmente sus derechos porque confía esa misión al Estado que
tiene la obligación de defenderlos y protegerlos. Es como un contrato; ya lo
dijeron los filósofos John Locke en el siglo XVII y Jean Jacques Rousseau en el
XVIII, entre otros.
Pero si el Estado incumple el contrato por dejadez,
por inoperancia, por debilidad, por la gilipollez de lo políticamente correcto,
el ciudadano puede tener la tentación de tomarse la justicia por su mano,
porque se sentirá indefenso y, lo que es peor, porque se sentirá moralmente
legitimado para hacerlo. Y eso es muy, pero que muy peligroso.
Violencia contenida que puede estallar, posturas
radicales que acaban reflejándose en las urnas y que ningún bien nos hacen a la
gran mayoría, son las consecuencias de no prevenir y no curar tampoco estas
situaciones.
Y no se previene porque la prevención es lenta,
costosa, y sus frutos se recogen a medio o largo plazo, y a menudo, no siempre,
los políticos funcionan con horizonte de legislatura, además de que les cuesta
ponerse de acuerdo en lo verdaderamente importante, y el “contrato social” lo
es.
Y no se cura porque una legislación que de verdad
hiciera justicia en estas situaciones, podría no ser políticamente correcta, no
quedaría “mona”, y porque los que legislan, normalmente no se tragan los
marrones que se ha de tragar el ciudadano de a pie, o el “poli” o el guardia
civil que se la juega muchas veces para nada.
No, no es bueno que pase esto. Pero pasa, y soy muy
consciente de lo extraordinariamente difícil que es reconducir esta situación. Pero
es urgente hacerlo. No es bueno que demasiada gente eche de menos al cowboy,
pistola al cinto, matando al malo de una puñetera vez, haciendo justicia,
porque si no la hacía él, no la hacía nadie.
No hay comentarios:
Publicar un comentario