No caemos en la cuenta de que ahí están.

Estoy seguro de que a mucha de la gente que está ahora cargando con el peso de “tirar palante” con su faena, les vendrá bien que reconozcamos su esfuerzo y su compromiso. Ellos siguen ahí, al pie del cañón, cada uno del suyo, mientras otros muchos, mejor o peor, esperamos bajo techo que pase lo tormenta.

Sí, ya sé que aplaudimos a los ocho, y que en los medios de comunicación se multiplican los mensajes de solidaridad. Y bien lo merecen. Todos los que trabajan en sanidad de cualquier forma, farmacias, ejército, policía y guardia civil, otros servicios de emergencias, medios de comunicación, trasportistas, taxistas, empresas y tiendas de alimentación, almacenes, pescadores, agricultores… Y otras muchas personas que ni caemos en la cuenta de que ahí siguen, para que lo esencial funcione y volvamos a ver la luz. También sé que, desde la relativa seguridad de sus hogares, otros arriman el hombro, como los maestros y profesores, que no abandonan a sus alumnos.

Pero ahora quiero hacer caer en la cuenta de un colectivo en el que pocos pensamos, los funcionarios. Muchos de ellos, declarados servicio esencial, siguen trabajando, y no solo en su casa.

No, no caemos en la cuenta de ello. Y si yo caigo es porque mi hermana es una de esas personas que tanto en casa como en su puesto de trabajo, está peleando en este frente poco conocido.

Por eso, voy a compartir hoy la carta que al director del SEPE en Valencia, su jefe, le publicaron ayer en el Levante. Y lo hago como reconocimiento al trabajo de toda esta gente, y como merecido homenaje.

Es muy posible que hasta ahora pocas personas identificaran estas siglas como las del Servicio Público de Empleo Estatal al que acudían, cuando perdían su trabajo para «arreglar lo del paro». Y es justamente ahora, cuando peor vienen las cosas, cuando ese gran desconocido emerge como un servicio estratégico para la comunidad y esencial para millones de trabajadores, como lo es, en otro ámbito, la sanidad. Mientras un servicio público hace frente, en primera línea, al impacto sanitario de la pandemia por COVID-19, el otro se ocupa de paliar sus devastadoras consecuencias sociales.

Desde la declaración del estado de alarma (RD 463/2020, de 14 de marzo) y hasta el momento de escribir estas líneas se han presentado más ERTEs que en los seis últimos años: alrededor de 200.000, lo que supone la suspensión temporal de contrato para un millón y medio de trabajadores cuyas prestaciones por desempleo empieza a gestionar el SEPE asumiendo que, también en este ámbito, la curva de afectados seguirá creciendo en las próximas semanas.

Para hacer frente a esta emergencia social, el Gobierno de la nación ha adoptado, en los últimos Consejos de Ministros, importantes resoluciones económicas, sociales y laborales (RDL 8/2020 y posteriores medidas complementarias) tendentes, entre otras prioridades, a garantizar las prestaciones por desempleo a quienes pierdan su trabajo o vean suspendido su contrato, aunque no tengan cotizaciones suficientes, sustituyendo la lógica contributiva por la de solidaridad social, con el objetivo explícito de no dejar a nadie atrás como resultado de esta crisis. Se trata, en el caso de la Comunitat Valenciana, de mantener la gestión ordinaria de las 207.327 prestaciones tramitadas por el SEPE en febrero, con las que se presentan ahora con carácter extraordinario y que pueden alcanzar un volumen incluso superior.

Y es aquí cuando los empleados públicos, tantas veces denostados, demuestran su función de servidores de la comunidad y, especialmente, de sus colectivos más vulnerables. En el caso del SEPE, tras el cierre al público, por razones de seguridad sanitaria de las 60 Oficinas de Empleo en la Comunitat Valenciana, sus 700 funcionarios han seguido trabajando dentro o a distancia, atendiendo telefónica y telemáticamente un volumen creciente de consultas y demandas de prestaciones para garantizar que todos los trabajadores afectados por esta crisis puedan cobrar los subsidios que les corresponda en el menor tiempo posible, lo que constituye un ejercicio de responsabilidad profesional y compromiso social, no por invisible menos importante.

Y es ahora, cuando la emergencia sanitaria y social pone en valor la función de todos los servicios públicos, cuando es de justicia reivindicar el trabajo de sus funcionarios al servicio de la comunidad y, en el caso del SEPE, al servicio de los trabajadores.